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El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

Las 189.678 personas afectadas podrán votar el 29-N. Sigue suspendido, de forma cautelar, el voto de hasta 163.355 nacionalizados por la presunción de exilio de una instrucción de Justicia; solo 901 han acreditado ese exilio. La sentencia de fondo no tiene fecha.

Por Redacción Crónica 33 · · 8 min de lectura

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El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos
Solicitantes de la nacionalidad española hacen cola ante la sede consular de España en Buenos Aires, en agosto de 2025, durante el plazo de la ley de nietos. Foto: La Nación.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho de voto de los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos o por la ley de memoria histórica de 2007, según un auto conocido este lunes, 9 de noviembre. Son 189.678 personas, según los datos de Exteriores que recoge la resolución, citados por El Español e Infomigrante. Seguirán en el censo de españoles residentes en el extranjero y podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Otro grupo sigue sin poder votar. Desde septiembre, el Supremo mantiene suspendido de forma cautelar el voto de los nacionalizados en virtud de una presunción de exilio que introdujo una instrucción del Ministerio de Justicia, y no la ley. El Gobierno entregó al tribunal la lista con sus nombres: 163.355 personas. Solo 901 tienen un certificado consular que acredita el exilio de su ascendiente, según fuentes de Exteriores citadas el 28 de octubre por El Debate y Onda Vasca: uno de cada 181.

Todas las decisiones del Supremo son provisionales, adoptadas mientras estudia el recurso, y afectan solo a la inscripción en el censo y a sus efectos electorales, no a la nacionalidad.

La ley: la nacionalidad para los descendientes del exilio

La ley de nietos es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2022. Permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fue español de origen y la perdió o renunció a ella «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».

La misma disposición abre otras dos puertas que no exigen exilio: a los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978, y a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen por opción, por esta ley o por la de memoria histórica de 2007. Ese último grupo es el que el Supremo ha dejado votar ahora.

El plazo para pedirla, de dos años con una prórroga de un año, terminó el 22 de octubre de 2025. A principios de septiembre de 2026 se habían aprobado 600.684 solicitudes, según una respuesta parlamentaria del Gobierno recogida por The Objective.

Personas esperan ante la Embajada de España en Ciudad de México, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez.
Personas esperan ante la Embajada de España en Ciudad de México, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez.

La instrucción: el exilio, presumido

Cuatro días después de que la ley entrara en vigor, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, dictó una instrucción para aplicarla en consulados y registros civiles. La firmó el 25 de octubre de 2022 su directora general, Sofía Puente Santiago.

En su apartado sobre la prueba del exilio, la instrucción establece: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». En esos casos bastaba con acreditar la salida de España con alguno de los documentos que enumera, como un pasaporte o un registro de llegada al país de acogida. Solo a quienes salieron entre 1956 y 1978 se les exigía demostrar que eran exiliados.

Esa presunción es el centro del litigio. Quienes recurren sostienen que la instrucción amplió por vía administrativa lo que la ley limitaba a los descendientes de exiliados. Una instrucción de 2008 para la ley de memoria histórica ya había usado la misma presunción sin que se discutiera, según elDiario.es. Una asociación recurrió la de 2022 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ese mismo año, y el tribunal la inadmitió por falta de legitimación, según Hay Derecho.

Apartado de la instrucción de 25 de octubre de 2022 que establece la presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Imagen: BOE (BOE-A-2022-17470). Subrayado de Crónica 33.
Apartado de la instrucción de 25 de octubre de 2022 que establece la presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Imagen: BOE (BOE-A-2022-17470). Subrayado de Crónica 33.

Del censo al Supremo

Los nuevos españoles que viven fuera se inscribieron en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Desde las generales de 2023, ese censo creció en 408.262 electores, un 17,5 % más, hasta 2.736.522 a 1 de julio de 2026, un aumento que el auto de septiembre califica de «excepcional», según Hay Derecho y Diario Constitucional.

El partido Iustitia Europa, y después Vox, pidieron a la Junta Electoral Central que revisara esas inscripciones. En un acuerdo del 16 de julio, la Junta declinó pronunciarse sobre la aplicación de la normativa de nacionalidad, y ese acuerdo se recurrió ante el Supremo. A principios de septiembre, la Sección Cuarta de la Sala Tercera suspendió de forma cautelar la inscripción en el CERA de los nacionalizados por la vía del exilio, la del primer párrafo de la disposición adicional octava, y los efectos electorales de las inscripciones ya hechas. La medida no alcanzaba a los otros dos grupos de la ley ni a quienes tuvieran un certificado consular que acreditara el exilio de su ascendiente sin aplicar la presunción de la instrucción, según el despacho de abogados Ecija, Moncloa.com y Diario Constitucional. El auto, fechado el 10 de septiembre según Moncloa.com; su texto se conoció el 13. La Junta Electoral acató la decisión el 14 y Exteriores ordenó el 16 a los consulados expedir esos certificados, según Ecija. La magistrada María Alicia Millán Herrandis firmó un voto particular. Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales criticaron el auto porque, a su juicio, priva del voto a ciudadanos que no fueron parte en el procedimiento, según Moncloa.com.

Octubre: la lista y los 901

En un auto conocido el 12 de octubre, la Sala rechazó el recurso de reposición de la Abogacía del Estado, al que se sumó la Fiscalía. Ambas alegaban la «imposibilidad material» de revisar casi 170.000 expedientes, según Público. El tribunal sostuvo que el interés general en un censo sin irregularidades debe «prevalecer sobre el interés particular del ciudadano», según Euronews, que recoge también un voto particular discrepante.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional el 16 de octubre y pidió medidas urgentes para que ese grupo pudiera votar el 29-N. El pleno del Constitucional inadmitió el recurso el 21 de octubre, por diez votos contra dos, porque el asunto seguía abierto en el Supremo, según Moncloa.com y El Diario de Madrid. No entró a valorar si la suspensión vulnera el derecho de voto.

El 23 de octubre, el Supremo pidió al Gobierno la relación nominal de los afectados, con advertencia de multas si no la entregaba. El 28, antes de que venciera el plazo, la Abogacía del Estado presentó una lista de 163.355 personas, según El Debate. De todas ellas, solo 901 tienen el exilio de su ascendiente certificado por un cónsul, según fuentes de Exteriores citadas por ese diario y por Onda Vasca: uno de cada 181.

El mismo 28 de octubre, la Asociación de Diplomáticos Españoles sostuvo que los consulados tramitaron las solicitudes conforme a las instrucciones recibidas y denunció la «falta de apoyo» de Exteriores a los cónsules, según El Debate. Según una certificación del cónsul general en Buenos Aires que recoge El Español, de los 17.775 nacionalizados por esa oficina «ningún expediente incluyó prueba de exilio».

La querella contra la autora de la instrucción

El 21 de octubre, el mismo día en que el Constitucional inadmitía el amparo, se abrió la vía penal: el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid admitió a trámite una querella de la asociación HazteOír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa, según EFE y elDiario.es. Puente dejó la Dirección General en noviembre de 2023 y es hoy secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

La jueza Inmaculada Lova Ruiz escribe que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa». La Fiscalía se opuso: sostuvo que el asunto ya estaba resuelto, porque en 2024 el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó una querella coincidente al considerar que los hechos no eran delito, y la Audiencia Provincial confirmó el archivo en 2025, según elDiario.es. La jueza dio diez días a HazteOír para alegar y le exigió una fianza de 1.000 euros para personarse, según EFE. No consta que Puente haya sido citada a declarar, ni que ella o el Ministerio de Justicia se hayan pronunciado sobre la querella.

Noviembre: los hijos sí votan

Vox e Iustitia Europa pidieron extender la suspensión a los 189.678 hijos con el argumento de que no habrían podido nacionalizarse sin la nacionalidad previa de sus padres, según El Español; la Abogacía del Estado se opuso, según Infomigrante. La Sala admite que, «en pura lógica», habría que cuestionar también esas inscripciones, pero da más peso a la «exigencia de preservar la seguridad jurídica» a tres semanas de las elecciones. El censo debe estar cerrado «con la debida antelación» y el tribunal tiene «serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva» de la medida, según la resolución citada por ese diario.

La decisión no fue unánime. El magistrado Antonio Fonseca-Herrero sostiene en un voto particular que la suspensión de los hijos «debió ser aceptada» y que podía ejecutarse a tiempo. La magistrada Millán, en un voto concurrente, está de acuerdo en rechazarla, pero por otro motivo: considera que la petición «excede del objeto del recurso», según El Español.

En otra resolución conocida el mismo día, la Sala mantuvo la suspensión de los nacionalizados por la presunción de exilio e insistió en la necesidad de un censo «limpio de toda sospecha de irregularidad», según el mismo diario.

Lo que queda abierto

El 29 de noviembre votarán los hijos y, de los nacionalizados por la presunción de exilio, solo quienes lo hayan acreditado. Todo es provisional. La decisión definitiva sobre si esas inscripciones en el censo son válidas llegará con la sentencia del Supremo sobre el fondo del recurso, que no tiene fecha. La querella contra Sofía Puente sigue en el juzgado de Madrid.

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