El juez de Teruel envía el caso Forestalia a la Audiencia Nacional
El instructor ve en la empresa de renovables el punto de unión con la causa del juez Pedraz sobre Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso. Pedraz tiene que aceptarla.

El juez Juan José Cortés, que instruye desde Teruel el caso Forestalia, ha decidido enviar la causa a la Audiencia Nacional. En un auto fechado el martes, 17 de noviembre, se inhibe en favor del juez Santiago Pedraz, que investiga el llamado caso Leire Díez, porque considera que las presuntas irregularidades en las autorizaciones ambientales de proyectos de energías renovables de la empresa aragonesa son «una parte o rama» de aquella causa, según elDiario.es y El País, que han tenido acceso al auto. Pedraz tiene que decidir ahora si la acepta.
La causa de Pedraz nació de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Entre sus investigados están la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y también Forestalia y su fundador, Fernando Samper. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Díez, Fernández y Alonso formaban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok («nosotros tres», en euskera) desde el que habrían intentado influir en contratos y ayudas públicas, y en un atestado de noviembre de 2025 describe a Forestalia y a Samper como «clientes» de ese grupo.
La compra y la reventa de dos parques solares
«El punto de conexión de toda la investigación es la presencia de Forestalia», escribe el juez, según La Voz de Galicia. El auto recoge reuniones entre mayo y julio de 2021 en el domicilio de Samper en Zaragoza, a las que asistieron Antxon Alonso y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, relacionadas con los proyectos renovables de Forestalia, y un «presunto acuerdo para obtener permisos» del Ministerio para la Transición Ecológica «mediante gestiones de Hirurok».
Uno de los ejemplos que detalla es el de dos plantas fotovoltaicas proyectadas en Puertomingalvo y Linares de Mora (Teruel), Masía I y Masía II. Según el auto, el 17 de mayo de 2022 Alonso compró, a través de sociedades que administraba, las dos empresas promotoras, vinculadas a Forestalia, por 141.000 euros. Las plantas obtuvieron declaraciones de impacto ambiental favorables en diciembre de 2022 y autorizaciones previas en abril de 2023, y después de la autorización ministerial, en 2024, el entorno de Forestalia volvió a comprar las dos sociedades por 6,8 millones. El juez presenta esa recompra como el final de un «proceso convenido en 2021» y recoge la hipótesis de que esos movimientos sirvieran para obtener fondos para pagos a directivos del ministerio, algo que, precisa, deberá confirmar o descartar un informe policial pendiente.
El auto apunta también «sospechas e indicios» sobre el entonces subdirector de Evaluación Ambiental del ministerio, Eugenio Domínguez, como destinatario de promesas y dádivas, y señala que las declaraciones de impacto ambiental de los dos parques se tramitaron más rápido que las de otros promotores. Para el juez, el delito más grave sería el cohecho, y se habría consumado en el ministerio, en Madrid, aunque tenga antecedentes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Zaragoza: de ahí que Teruel no sea competente. El delito ambiental que le dio la causa fue, admite, una «anticipación» de la denuncia, porque en la provincia aún no se ha hecho ninguna obra.
Ningún investigado ha declarado
Las diligencias se abrieron en 2024 y en febrero de este año desembocaron en registros de la Guardia Civil en Madrid y Zaragoza y en la detención de seis personas, entre ellas Samper y Domínguez. Pero ninguno de los investigados ha declarado todavía ante el juez: Cortés supeditó las declaraciones a un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil que considera clave, según elDiario.es.
El auto puede recurrirse en apelación, y una de las acusaciones populares, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas del Delito Especializada (Adive), estudia hacerlo porque cree que llevar la causa a Madrid perjudica la investigación de lo ocurrido en Aragón, según La Voz de Galicia. Si Pedraz la acepta, le corresponderá decidir cuándo cita a declarar a los investigados.



