La Fiscalía Europea envía a la UCO a Igualdad por las pulseras antimaltrato
Los agentes requirieron el jueves documentación en el ministerio y en el Tribunal de Cuentas, según ambas instituciones, en una investigación por un presunto fraude con los fondos europeos destinados a comprar las pulseras. La Fiscalía Europea no ha dicho a quién investiga ni por cuánto dinero.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el jueves 12 de noviembre a la sede del Ministerio de Igualdad, en la calle de Alcalá de Madrid, y a la del Tribunal de Cuentas por orden de la Fiscalía Europea, que investiga un presunto fraude con los fondos de la Unión Europea destinados a comprar las pulseras telemáticas que controlan a los investigados y condenados por violencia de género.
Lo anunció la propia Fiscalía Europea en un comunicado desde Luxemburgo. Precisa que la investigación la dirige su oficina de Madrid, que se abrió el año pasado y que «no se facilitarán más detalles sobre el estado de la investigación». El comunicado no nombra a ninguna persona ni empresa, no da el importe que se investiga y no identifica el contrato. Hasta ahora no consta que nadie tenga la condición de investigado.
Una petición de documentación, según el ministerio
Fuentes del Ministerio de Igualdad sostuvieron que la visita de los agentes «no ha sido un registro», sino una petición de documentación sobre el contrato de las pulseras firmado en 2023 con Vodafone, cuando Irene Montero era ministra, según Europa Press, en una información recogida por Telecinco. El servicio lo prestaba una unión temporal de empresas (UTE) de Vodafone y Securitas, según elDiario.es. La Fiscalía Europea no ha dicho si investiga a alguna empresa. Pasadas las 13:30, los agentes seguían en la sede, donde los atendía la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, según la agencia Servimedia.
El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas del sector público, confirmó que los agentes acudieron a sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid «en relación con una solicitud de información» sobre el contrato que estuvo en vigor entre 2023 y 2026, según Servimedia. La Fiscalía Europea no ha explicado qué buscaba en cada sede.
Esas fuentes del ministerio añadieron que supieron de la investigación ese mismo día, pero que la Fiscalía Europea ya les había pedido documentación sobre ese contrato en marzo y que entregaron «toda la información requerida». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que presentaba la campaña institucional del 25 de noviembre, dijo que «no es nada nuevo» y que la colaboración con el Tribunal de Cuentas y con la Fiscalía Europea «desde hace meses es total y absoluta», según Europa Press. Afirmó también que le consta que el dinero europeo se gastó correctamente. Según elDiario.es, el ministerio asegura que no conoce el objeto concreto de la investigación y que tiene en marcha una auditoría para comprobar si las adjudicatarias cumplieron el contrato de 2023.
Cuánto dinero y qué contrato
La Fiscalía Europea es la encargada de investigar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Por eso interviene: una parte de la compra de las pulseras se pagó con fondos del Plan de Recuperación, los Next Generation. Cuánto, depende de quién lo cuente.
Según el ministerio, citado por elDiario.es y por Europa Press, el contrato de 2023 se licitó por 42,6 millones de euros, de los que 4,6 millones eran fondos europeos, y con ese dinero se compraron 22.800 dispositivos para víctimas y agresores. Euronews precisa que los 42,6 millones incluyen impuestos y que sin ellos el contrato rondaba los 35 millones. Xataka, citando al diario El Distrito, sitúa la parte europea en 6,4 millones. El Español publicó este viernes que la Fiscalía Europea investiga la gestión de «aproximadamente 45 millones de euros» de fondos europeos; el contrato de 2023 era de 42,6 millones. Según ese diario, la causa partió de una denuncia de la oficina antifraude de la Intervención General del Estado y del informe del Tribunal de Cuentas. Ni la Fiscalía Europea ni el ministerio han confirmado esa cifra ni ese origen.
Los fallos que precedieron a la investigación
El sistema que gestiona las pulseras, llamado Cometa, cambió de operador a principios de 2024: Telefónica, que lo había llevado durante quince años, dejó paso a la UTE de Vodafone y Securitas, según Euronews. En septiembre de 2025, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, con datos de 2024, reveló que por problemas en la descarga la información del anterior proveedor había quedado inaccesible. Eso había provocado una «gran cantidad de sobreseimientos provisionales o sentencias absolutorias» en causas por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, según recogió el diario Ara. Afectaba a los datos anteriores al 20 de marzo de 2024.
Al día siguiente, la Fiscalía General calificó los problemas de «puntuales», negó que las víctimas hubieran quedado desprotegidas y precisó que «la mayoría de esos casos se reabrieron una vez recuperada la información», según El Debate. Nunca se ha publicado cuántas causas se archivaron o acabaron en absolución por esa razón.
En una respuesta escrita a una pregunta en el Parlamento Europeo, publicada por The Objective el 12 de noviembre de 2025, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que la compra de las pulseras es el hito 472 del plan de recuperación español y que la Comisión aún no lo había evaluado: lo hará con la octava solicitud de pago, que España todavía no había presentado. Los pagos de ese fondo solo llegan si Bruselas da por cumplidos los hitos.
El 11 de noviembre de 2025, el servicio estuvo interrumpido 13 horas y 50 minutos, según el Tribunal de Cuentas. El ministerio multó a Vodafone con 25.285 euros, según Euronews y Xataka, que cita a RTVE.
Lo que advirtió el Tribunal de Cuentas
El 22 de septiembre de 2026, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el Informe de Fiscalización número 1.695, sobre los contratos de las pulseras de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones de euros, según Europa Press. El informe concluye que en el contrato de 2023 «se produjeron graves deficiencias en la ejecución durante prácticamente toda la vigencia del contrato»: dispositivos poco fiables, interrupciones del servicio, baterías deficientes, retrasos en las reparaciones y «errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas».
Por la falta de acceso al historial del anterior proveedor, 123 requerimientos judiciales quedaron sin respuesta. Según el informe, la situación se mantuvo hasta diciembre de 2024, cuando la intervención de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género desbloqueó el acceso a los datos, y desde entonces la sala Cometa los respondió en una semana. Su primera recomendación es que el ministerio persiga en estos contratos «la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes».
El Tribunal de Cuentas recomienda perseguir «la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes».
El mismo informe recoge que el hito 472, que exige la «provisión de al menos 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento», se certificó como cumplido con fecha 25 de junio de 2026, con 22.800 dispositivos del contrato de 2023, y 7 de julio de 2026, con otros 9.500 de otro proyecto, el servicio de atención a víctimas ATENPRO, según las alegaciones del ministerio. Servimedia recogió esas dos fechas el jueves.
The Objective publicó este viernes que el ministerio tramitó por la vía de urgencia, con los plazos reducidos, los tres contratos analizados y también el de 2026, aunque el Tribunal sostiene que la fecha de fin de cada contrato «era perfectamente conocida desde su firma». El último expediente, licitado en febrero de 2026 por el procedimiento abierto acelerado, tenía un valor de 111,1 millones de euros, según ese diario, y se adjudicó el 9 de julio por 55,83 millones sin impuestos. elDiario.es informa de que volvió a ganarlo Vodafone. The Objective precisa que esa licitación es anterior a las conclusiones del Tribunal.
Lo que no se sabe
La Fiscalía Europea no ha dicho qué contrato investiga, qué cantidad considera afectada, qué delito concreto atribuye ni a quién. No consta ningún investigado, ni se sabe qué documentación se llevaron los agentes de cada sede ni si habrá más diligencias. Tampoco se conocen las conclusiones de la auditoría interna del ministerio. La investigación sigue en manos de la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid, que es la que decide si ejerce la acción penal y lleva el caso a juicio.
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